Fuente: Sección Negocios del Diario el País
Buena parte de las actividades con mayor riesgo de ser utilizadas para el lavado de activos en Uruguay están en el sector no financiero. Esos rubros tienen muchos menos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) al Banco Central (BCU) que los que están en el sector financiero. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft) es consciente de ello y ha realizado inspecciones para ver el cumplimiento de los sujetos obligados como escribanos, inmobiliarias y administradores de sociedades, entre otros.
Además, la Senaclaft busca que antes de fin de año esté aprobada la nueva ley contra el lavado de activos que incorpora nuevos sujetos obligados a reportar —como contadores, abogados, organizaciones civiles tales como iglesias, clubes deportivos y partidos políticos— y establece que el delito tributario (la defraudación de impuestos) es precedente del lavado de dinero. Esto teniendo en cuenta que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará en 2019 cómo está Uruguay en materia de normas antilavado.
Los sectores "clásicos" con mayor riesgo de ser utilizados para lavar dinero proveniente por ejemplo del narcotráfico, son "el financiero —no por falta de controles, sino por el volumen que maneja—, el inmobiliario, las zonas francas y el otro importante es la administración de sociedades, los prestadores de servicios societarios", dijo el titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, al programa Claves Económicas del canal de cable NSTV.
"Con los Panamá Papers se vio que Uruguay tiene un sector de prestación de servicios societarios muy activo, ahí hay riesgo. No quiere decir que no se pueda hacer, ni que esté mal. Pero es un sector a atender porque mueve muchos fondos y básicamente del exterior, por lo cual el perfil de riesgo es mucho mayor", explicó.
Espinosa señaló que una operación sospechosa es "todo lo que se salga de lo habitual en la práctica comercial o profesional, algo que no tenga una explicación. El sujeto obligado, tiene obligación de conocer al cliente, para tratar de explicar el origen de los fondos que ese cliente está manejando. En la medida que la explicación no sea consistente o no sea lógica, hay algo inusual, que permitiría a las autoridades —que estamos lejos de esa transacción— conocerla. En caso de detectar algo inusual, algo no bien explicado, tiene que reportarlo al Banco Central y este estudia después si eso tiene que ver con lavado o no. Ahí termina la participación del sujeto obligado".
En 2016 hubo 83 ROS del sector no financiero frente a 391 provenientes del ámbito financiero. Mientras que al mirar los últimos dos años, el sector no financiero fue responsable del 17% de los ROS, cuando en 2014 explicaban apenas el 5%. "Es un problema mundial, el sector financiero hizo una capacitación, tiene más recursos que el sector no financiero. Cuando los agentes financieros empezaron a prevenir mejor, los lavadores se fueron a donde no preguntaban, fueron a comprar inmuebles, a los casinos. Los sectores no financieros están menos preparados, son sujetos individuales, no tienen un equipo", indicó Espinosa.
"Va a haber un proceso de dos o tres años más para que el sistema se consolide. Nunca el sector no financiero va a tener la misma cantidad de reportes que el sector financiero, eso a nivel mundial no se da. Pero tiene que haber una proporción mucho mayor", agregó.
Tentación.
"Lo importante es que se entienda que todo esto no es una molestia que se le quiere imponer a los escribanos (u otros sujetos obligados a reportar). Tenemos atrás al crimen organizado o al terrorismo, y eso en un país chico como el nuestro, puede ser trágico. En la medida que muchas personas como estas (en referencia al mexicano Gerardo González Valencia, líder del cartel Los Cuinis; o al italiano Rocco Morabito, uno de los líderes de la Ndrangheta italiana) se instalen en Uruguay, que es un lugar seguro, con buenos servicios, ahí está el verdadero problema. Y ahí debe operar la detección para tratar de evitar estos casos", remarcó Espinosa.
"Estamos luchando contra una tentación, son precios muy altos (los de inmuebles), la comisión es muy buena. El sujeto obligado, que es el que debería ponerle un freno a la situación, por un lado tiene la obligación legal y por otro lado su ambición de tener una excelente comisión. Ahí es donde está el lío y ahí es donde nosotros tenemos que tener más presencia para asegurar que estas cosas si llegan a pasar, pueden ser sancionadas", aseguró el jerarca.
"Toda transacción de muy alto volumen con gente no residente tiene un nivel de riesgo superior al de las transacciones locales, sin dudas", concluyó el titular de la Senaclaft.
500 inspecciones para este año.
Para mejorar la situación en el sector no financiero, la Senaclaft realizó cursos de capacitación en línea e inspecciones para verificar el grado de cumplimiento de la ley. "El año pasado hicimos 250 inspecciones y este año vamos a hacer cerca de 500. Y si hay incumplimientos severos, vamos a sancionar", subrayó Espinosa. También informó que hay "unas 20 sanciones administrativas en trámite, en los casos de incumplimientos mayores". El jerarca indicó que la Senaclaft como supervisor debe "mostrar presencia" y "no solo en Montevideo", por lo que se han hecho inspecciones en Punta del Este y Colonia. "Y estamos por ir a otros departamentos", añadió.