Fuente: El País Digital
La estafa en torno al Cambio Nelson de Maldonado, propiedad del procesado exdirigente del Partido Colorado Francisco Sanabria, y las omisiones que tuvo el contador Humberto Capote —quien no fue procesado con prisión pese al pedido realizado por el fiscal— provocaron un debate en una Comisión de Diputados que analiza la nueva ley integral en materia de lavado de activos.
La normativa entre otras innovaciones aumenta las exigencias sobre diversos grupos de profesionales en materia de controles antilavado, incorpora a las asociaciones sin fines de lucro (como las iglesias, los partidos políticos o los clubes deportivos) entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas por el origen de los fondos, y crea el delito de evasión fiscal como precedente al lavado de activos.
Luego de conocido el proyecto original el año pasado, diferentes colectivos de profesionales (como los abogados, contadores y escribanos) reclamaron porque sostenían que afectaba sus tareas. Según informó en el Parlamento el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa, se inició un proceso de diálogo y negociación que derivó en la actual redacción, que aseguró cuenta con el respaldo de las asociaciones de profesionales.
Sin embargo, cuando se tocó el tema del rol de los contadores surgió una polémica que podría derivar en modificaciones en el contenido del proyecto de ley. Espinosa recordó que el texto original obligaba a los contadores a realizar controles antilavado cuando intervinieran en la confección de registros contables, compilación, revisión limitada y auditoría. Aunque luego "hubo un intercambio con el Colegio (de Contadores) y concluimos que no se podría controlar (la primera tarea mencionada), porque el que confecciona el registro contable no necesariamente firma", reveló.
Adicionalmente, los contadores argumentaron frente a la Senaclaft que la compilación "se trata de un informe de muy poca profundidad" —ocurre cuando un negocio sin un contador en su nómina recibe ayuda para ensamblar sus registros y los datos financieros de sus estados de cuenta. El titular de dicho organismo dijo que estos profesionales "no querían, por un informe que tiene determinado grado de profundidad, tener responsabilidad por una eventual operación sospechosa que no se hubiera detectado. Nos decían que el resultado sería que los profesionales tendrían que cobrar más para cubrir sus responsabilidades".
Entonces tras el proceso de negociación "nos quedamos (para incluir en la ley) con la revisión limitada y la auditoría, porque en estos casos tenemos la certeza de que se podrán detectar cosas", señaló Espinosa.
Ante estas explicaciones, la diputada nacionalista Graciela Bianchi manifestó: "el Parlamento está investigando el financiamiento de las campañas políticas, y ahí aparece el tema del Cambio Nelson y el papel de los distintos contadores. (…) Entonces, pregunto si en este caso no se está dejando técnicamente una ventana (para el lavado de dinero)". Agregó que "el argumento de que se encarezca la profesión, sinceramente, no me conforma".
Siguiendo con la estafa del Cambio Nelson como ejemplo, Espinosa remarcó que hubo "un claro incumplimiento de normas bancocentralistas" por parte del contador interviniente (Capote) que dio "por bueno un informe engañoso", y dijo que "cabe preguntarse si el reporte a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central), hubiera agregado algo para investigar como lavado".
El legislador del Frente Amplio, Alfredo Asti, coincidió con Bianchi —"desde ya adelanto que no estoy de acuerdo con esta exclusión", expresó— y apuntó que las obligaciones de los contadores debe ser un tema a discutir. "No es lo mismo un informe de compilación del comercio del barrio, que uno de las actividades que están comprendidas en el entorno del lavado de activos. Quizás, no debamos poner a todos los contadores en pie de igualdad y sí a los que hacen informes de compilación como en este caso (en referencia a las casas de cambio)", argumentó el diputado.
Al respecto, Espinosa aceptó que "en acuerdo con el Colegio de Contadores, se podrían poner umbrales a partir de los cuales el informe de compilación" quede incluido dentro de los controles antilavado, lo que consideró una mejora "a efectos de cerrar los vacíos" mencionados por Bianchi.
Pero ese consenso para modificar la redacción choca con un tema de plazos: la nueva ley debe ser aprobada antes de fin de año y quedar vigente desde 2018, ya que contiene varios aspectos imprescindibles para que Uruguay pase con éxito la evaluación en materia de controles antilavado que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2019. "Los exhortamos a que empujen el proyecto", dijo Espinosa a los legisladores de la Comisión Especial de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado.
Asti planteó que teniendo en cuenta esos plazos "deberemos decidir si conviene o no introducir modificaciones" al proyecto de ley ya que "el camino más fácil para una rápida aprobación sería no hacerlas, a fin de que el proyecto no vuelva al Senado". Añadió que en su opinión "sí deberíamos hacer algún ajuste", pero podrían efectivizarse a través de "otras leyes" para que el texto en estudio tenga un trámite ágil en el Parlamento.
Los políticos expuestos.
Aparte del rol de los contadores, los legisladores dijeron a Espinosa que no resulta clara la redacción del artículo 20 que incorpora el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PPE) y establece que los sujetos obligados deberán hacer una diligencia ampliada en esos casos. "No es feliz la redacción", coincidieron Asti y Bianchi, ya que al no establecer una lista de los cargos incluidos dentro de la obligación puede dar lugar a que algunos "traten de escaparse por ese lado" de los controles. Espinosa admitió el planteo pero afirmó que "es un estándar internacional y tratamos de recogerlo como viene" del GAFI. También explicó que el Banco Central creó una lista de PPE y sugirió mantener igual la redacción para luego "mediante decretos, hacer las aclaraciones necesarias".