El gobierno presentó a mediados de marzo los lineamientos para la séptima ronda de negociación salarial en el sector privado, que tienen nuevamente como base ajustes nominales decrecientes.
Además de establecer los porcentajes de ajustes, los plazos para los correctivos por inflación y los aumentos adicionales para los llamados "salarios sumergidos", en ese paquete el gobierno pasó un mensaje pensando en aquellas ramas de actividad que pudieran acordar aumentos superiores a los propuestos.
Las autoridades no permitirán que se trasladen esos costos salariales a precios tarifados y contratos públicos.
Para esos casos se establece que en sectores con precios regulados o tarifados o en los que se apliquen esquemas de reajuste de precios en base a paramétricas que recojan la variación del costos de mano de obra, el traslado a precios en tarifas y/o contratos con el Estado deberá tomar como máximo los ajustes que surjan de aplicar los lineamientos.
Por ejemplo, si empresas y trabajadores acordaran un 9,5% de aumento cuando la pauta de referencia es de 8,5%, se podrá trasladar a precios el 8,5%. El otro punto tendrá que absorberlo la empresa.
Además, cuando se firmen ese tipo de acuerdos el sector empresarial deberá dejar constancia a "texto expreso" de que conoce esa limitación y de su compromiso a cumplirla, según dice el documento oficial que detalla los lineamientos del Poder Ejecutivo.
En la ronda de negociación pasada la prohibición de trasladar a precios el aumento de costos se plasmó en un decreto específico que modificó la fórmula paramétrica de ajustes en los contratos de obra pública que los privados tienen con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Mtop). Ese fue un mensaje claro para el sector de la construcción que venía apartándose de las pautas en las negociaciones precedentes.
Además, en el gobierno se considera que no se pueden exigir exoneraciones del Estado o beneficiarse de subsidios y al mismo tiempo negociar por encima de los lineamientos prefijados, como pasó con la construcción y la industria de la bebida durante el gobierno de José Mújica.
Puntalmente en el caso de la bebida esa situación se repitió durante la actual administración de Tabaré Vázquez. En la negociación de 2015 cuando el gobierno conoció el preacuerdo salarial que existía en el sector se opuso, por considerar que se apartaba de los lineamientos sugeridos.
Las partes se habían autoclasificado en el sector dinámico (el de mayores ajustes), pero el gobierno calificó la actividad dentro del grupo de sectores "en dificultades", dado los créditos fiscales que se le brindan a manera de subsidio.
Finalmente, con la amenaza latente de un conflicto se selló un ajuste superior a los lineamientos como quería el sindicato, y se firmó un acuerdo de precios entre los fabricantes de bebidas y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Arranca la ronda
La ronda de negociación colectiva de este año es la más grande desde que se reinstalaron los Consejos de Salarios en 2005 durante la primera administración frenteamplista. El gobierno se plantea un plazo de nueve meses para el intercambio entre empresarios y trabajadores.
Luego hay 176 vencimientos en junio, que involucran sectores intensivos en mano de obra como el comercio minorista, la construcción y otras ramas de la industria.
La previsión del gobierno es poder citar a los subgrupos de junio con anterioridad a la finalización de los acuerdos para que negocien en un período máximo de 90 días. Con ello se busca contribuir a evitar que las empresas tengan luego dificultades para el pago de los saldos retroactivos.
En setiembre vencerán otros tres convenios y 33 lo harán en diciembre.
Las reglas del juego
Los porcentajes de ajustes que el Poder Ejecutivo pretende guíen las negociaciones entre empresarios y sindicatos plantean una suba nominal del salario de 8,5% para los sectores "dinámicos", 7,5% para los "intermedios" y 6,5% para aquellas ramas de actividad que se autoclasifiquen como "en problemas". Para el segundo año esos porcentajes se reducen en medio punto a 8%, 7% y 6% anual nominal, respectivamente. La inflación cerró en los 12 meses a febrero en 7,1%.
En esta oportunidad el gobierno proporcionará indicadores sectoriales para que sean utilizados en el proceso de autoclasificación por cada mesa de negociación.
En la previa, desde las gremiales empresariales se sostiene que los ajustes previstos son demasiado altos tomando en cuenta la realidad de varios sectores productivos, mientras el PIT-CNT se mantiene firme en negociar aumentos por encima de las pautas oficiales que reflejen el crecimiento de la economía.
El plazo propuesto para la duración de los acuerdos es de 24 meses, pero también está habilitada la opción de cerrar convenios con 30 meses de extensión, con ajustes semestrales o anuales. Los correctivos por inflación pasada se podrán aplicar en caso que corresponda a los 18 meses desde que el acuerdo cobre vigencia.